En España hay un total de cincuenta provincias, cada una de las cuales está compuesta por determinados municipios. El principal órgano de gobierno correspondiente a las provincias son las Diputacione
s Provinciales, a saber, asambleas legislativas que cubren el ámbito espacial de dichas provincias.
En las comunidades autónomas de Madrid, La Rioja, Murcia, Navarra, Asturias y Cantabria no existen diputaciones provinciales, ya que dichas comunidades autónomas están compuestas por una única provincia, por lo que el ámbito de administración de tales espacios ya está cubierto por los respectivos parlamentos autonómicos. Lo mismo ocurre con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en la costa norteafricana.
Las provincias tienen como propósito fundamental el de colaborar en la gestión municipal y armonizar las políticas de los municipios que las componen. Las Islas Canarias, a pesar de estar compuestas por dos provincias, tienen una especie de diputación (cabildo insular) en cada una de sus siete islas. En Baleares ocurre lo mismo, teniendo un “consejo insular” en cada una de las cuatro islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera).
Las diputaciones provinciales auxilian jurídica, económica y técnicamente a muchos municipios pequeños que se enmarcan territorialmente en ellas, y que necesitan la ayuda de éstas para poder prestar muchos servicios a la población.
Esto no ha sido obstáculo para que muchos hayan propuesto que desaparezcan las diputaciones provinciales, para sustituirlas, por ejemplo, por “Consejos de Alcaldes”. Según sus detractores, las diputaciones han ayudado a tejer redes clientelares, representan un gasto exacerbado para el Estado y complican innecesariamente la administración. Muchas de las funciones que antes desempeñaban las provincias han sido asumidas hoy en día por las comunidades autónomas sin mayor sobresalto. Sin embargo, muchos siguen apoyando la labor de las diputaciones.
