España está territorialmente organizada en municipios, provincias y comunidades autónomas. Existen en total 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla); cincuenta provincias y ocho mil ciento veinticuatro municipios.
La Constitución española ampara el derecho de autonomía de las diferentes 
nacionalidades y regiones del territorio. Las atribuciones y el funcionamiento de las autoridades autonómicas están recogidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Cada Comunidad Autónoma cuenta con su propio congreso o asamblea legislativa unicameral, órgano que recibe diversos nombres dependiendo de cada región. Por ejemplo, se le conoce como “Cortes” en Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León y en la Comunidad Valenciana. En Asturias se le conoce como Junta General.
La legislatura de cada Comunidad Autónoma escoge al poder ejecutivo regional, basándose en las leyes propias de cada región.
Por lo general, las Comunidades Autónomas ejercen amplias competencias legislativas y ejecutivas en áreas como la educación, la sanidad, la cultura, el patrimonio, la ordenación territorial, la asistencia social, el transporte, el turismo, etc. Muchas de estas competencias, sin embargo, son compartidas con el gobierno central.
La Comunidad del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Canarias tienen regímenes de financiación y tributación bastante más autónomos y amplios que el de otras comunidades autóno
mas.
Los conflictos de competencias entre las Comunidades Autónomas, las provincias y el gobierno central pueden ser resueltas mediante el diálogo y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional, cuyos fallos deben ser acatados por todas las partes, tanto por el gobierno central como por los gobiernos autonómicos, provinciales y municipales.
Hay diversas instituciones mediante las cuales el gobierno central y las comunidades autónomas colaboran y cooperan para alcanzar los fines que se proponen. Entre tales instituciones podemos mencionar la Conferencia de Presidentes (formada por el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las Comunidades Autónomas), las Conferencias Sectoriales, las Comisiones Bilaterales de Cooperación (establecidas entre el Estado y una Comunidad Autónoma específica), las Comisiones Sectoriales, los Grupos de Trabajo, etc.
Un caso de conflicto entre la administración central y una Comunidad Autónoma sucedió cuando el parlamento y gobierno de Cataluña decidió proclamar la independencia, lo cual fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El gobierno central español resolvió disolver las autoridades autonómicas para asumirlas mientras se convocan nuevas elecciones.
